Este año las
organizaciones no gubernamentales que atienden la situación de las personas
privadas de libertad cerraron fila en torno a la situación de los reclusos que
se encuentran retenidos en los distintos centros de detención preventivos del
país, evidenciando la crítica situación por la que atraviesan casi 33 mil
personas, cuyos derechos humanos son vulnerados de forma recurrente, al no
contar con las más básicas necesidades para vivir. En esta repartición de
miserias y vejaciones las mujeres están en el último eslabón de la cadena.
Alimentación balanceada, atención médica, visitas de familiares
y representantes legales, condiciones mínimas dignas de reclusión son elementos
básicos olvidados en este “sistema penitenciario paralelo”, que se ha creado en
el país durante los últimos cuatro años, una vez que los detenidos son
obligados a pasar tiempos indeterminados en estos espacios, señalados
inicialmente para permanecer por períodos no mayores de 48 horas, según
denuncias de especialistas en la materia.
Con un total de nueve reclusos fallecidos por desnutrición,
hacinados en los calabozos de los centros de detención preventiva del país,
terminó el año 2016, según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones,
organismo que revela la terrible situación que afronta en la actualidad los
privados de libertad, que esperan su pase a las cárceles nacionales.
Del total de personas que se encuentran a la espera de que el
Ejecutivo cumpla con los preceptos de los tribunales de control, casi 400
mujeres “viven” en peores condiciones, con sus derechos humanos aún más
vulnerados que los de sus pares masculinos. Su condición genérica las pone en
una posición de mayor fragilidad, según constató la organización Una ventana a
la libertad (UVL), luego de un estudio llevado a cabo en ocho estados del país,
que incluyó a 89 centros de detención preventiva.
El informe revela que en estos centros conviven 374
mujeres, equivalente al 4,67% de los detenidos. Al ser una evidente minoría las
reclusas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. De acuerdo con
su perfil, la mayoría viene de extractos sociales marginales, sus edades
oscilan entre los 20 y 26 años y son procesadas por drogas, robos, hurtos, en
líneas generales. Según los investigadores la mujer incurre en el mundo
delictivo siguiendo los pasos de su pareja y cuenta con menos apoyo familiar
que el recluso hombre.
UVL llevó adelante la investigación en las entidades donde se
registra el mayor número poblacional y los mayores índices de violencia, las
cuales son: Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Vargas, Zulia y
la Gran Caracas. El monitoreo comenzó en el mes de septiembre del año
pasado.
Entre las graves conclusiones a las que llegaron los
investigadores es que las infecciones vaginales, el abandono familiar y el
distanciamiento de los hijos, en el caso de las mujeres que son madres, es el
orden del día. Sin contar que ante los altísimos niveles de hacinamiento, que
ya superan los 400%, es imposible que en algunos casos las reclusas disfruten
de un espacio independiente.
“Ya en algunas comisarías compartan espacios con los privados de
libertad, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Código Orgánico
Penitenciario de Venezuela, incluso llegamos a constatar que en Táchira se ha
rebasado tanto la capacidad de reclusión que han llegado a usar las patrullas
policiales como una especie de calabozo”, indicó Laura Torrealba,
investigadora.
La especialista acotó que en este mismo estado, durante el motín
escenificado en Politáchira en octubre del año pasado, las mujeres detenidas
fueron sacadas de sus calabozos y llevadas hasta las escaleras del edificio,
donde permanecieron, debido a la situación de violencia registrada en este
centro,
Los investigadores de una Ventana a la Libertad constataron la
presencia de al menos 20 mujeres embarazadas en estos centros de reclusión, que
no reciben la más mínima atención médica, ni control pre natal. De hecho
verificaron que en los organismos de seguridad donde permanecen no hay un
protocolo de asistencia establecido en estos casos. “Los policías no saben qué
hacer ante estas eventualidades”, señaló Angélica Lugo, integrante del
equipo.
Lugo precisó que de acuerdo con la investigación llevada
adelante, la permeabilidad de los espacios ha derivado en embarazos de privadas
de libertad durante su reclusión. Al menos cuatro casos se conocen
concretamente. Dos en la policía municipal de Guaicaipuro, en Miranda, y dos en
la policía regional de Táchira. En el primer caso los padres son dos reclusos;
en el segundo, dos funcionarios de seguridad, que están bajo
investigación.
Al nacer el niño generalmente la madre es separada del pequeño,
ya que no hay las condiciones para que compartan los primeros meses de vida.
Posteriormente, los funcionarios de algunas instituciones restringen el ingreso
de los menores por temor a autosecuestros, indicaron los expertos, por lo cual
la mujer puede pasar hasta años sin compartir con sus hijos.
Agregan los especialistas que las mujeres privadas de libertad
no cuentan con la debida atención médica ni las condiciones sanitarias mínimas
para su desarrollo personal, por lo cual son recurrentes las infecciones de
diversas índole, especialmente las vaginales, ya que “la mayoría de estos
espacios no disponen de baños, pocetas, a veces letrinas, para todas las
personas que se encuentran recluidas. Tampoco poseen los implementos de
limpieza para mantener aseadas las áreas donde conviven”, indicó Torrealba.
Otra de las enfermedades recurrentes en estos centros son la
escabiosis —según el OVP 72% de la población la padece—, enfermedades
gastrointestinales y respiratorias, porque son espacios que no cuentan con la
adecuada ventilación, a veces ninguna, y “los malos olores, sudores, son caldo
de cultivo para ciertas enfermedades”, indicó la investigadora del Ininco.
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